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Durante el curso 2009-2010 se puso en marcha en España el Plan Escuela 2.0 para que todos los colegios tuvieran ordenadores conectados a Internet lo que supuso una excelente iniciativa si no fuera porque muchas administraciones -no todas- apostaron porque esa conexión sea mediante WiFi y eso puede provocar problemas de salud en alumnos y profesorado debido a la contaminación electromagnética que emite esta tecnología inalámbrica. De hecho ya hay en nuestro país profesores que empiezan a tener problemas de salud por electrosensibilidad.

¿Y de qué riesgos estamos hablando? Pues el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Valencia (UPV) asegura que puede producir transformaciones celulares cromosómicas y genéticas, cambios en el ritmo cardiaco, subida de la tensión arterial, alteraciones electroencefalográficas y alteración de la conducta. Cabe añadir que los cientos de estudios publicados hasta la fecha alertan sobre otros muchos posibles efectos a medio y largo plazo. Entre ellos, cefaleas, migrañas, fibromialgia, pérdida de apetito, problemas de memoria y auditivos (ruidos e incluso pérdida de audición), insomnio, déficit de atención, disminución del tiempo de concentración y dificultades de aprendizaje.

Ciertamente llama la atención que nuestro Gobierno pretenda ser “líder en Europa en la expansión de redes inalámbricas” cuando en los países de nuestro entorno lo que se está haciendo desde algún tiempo es ¡justo lo contrario!: desinstalar el sistema WiFi en escuelas, bibliotecas, hospitales y demás centros públicos. Francia, por ejemplo, ha elegido 16 ciudades para hacer el experimento de reducir los límites de la irradiación de las microondas de alta frecuencia a 0,6 V / m ó 0,1 microwatios/cm² como recomienda el informe internacional independiente BioInitiative, trabajo basado en 1.500 estudios previos que concluye afirmando: “Las agencias sanitarias y las autoridades escolares deberán evitar o prohibir con firmeza la construcción de antenas sobre edificios escolares y en sus proximidades (en un radio de 300 metros) y retirar toda instalación de red WiFi en aulas, guarderías y centros de ocio. Es más, deberían suprimir o desactivar las instalaciones inalámbricas existentes”. Evidentemente estas recomendaciones en España ni se tienen en cuenta. En otros países, en cambio, sí. En Colonia (Alemania) por ejemplo hay ya un plan para cablear toda la ciudad con fibra óptica ofreciendo así a los ciudadanos una alternativa óptima en términos de salud y calidad tecnológica.

Una actitud que contrasta con la de algunos gobiernos autonómicos. En Extremadura, por ejemplo, todas las aulas de la ESO de la comunidad tienen ya ordenadores desde el 2005 pero se conectan entre sí y con Internet ¡por cable! Y en el País Vasco el Parlamento ha aprobado una resolución -curiosamente por unanimidad- que pone igualmente en entredicho el proyecto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de expandir el WiFi por toda España. Y es que antes de implantar el WiFi en los colegios va a medirse el nivel de las radiaciones electromagnéticas que éste genera, datos que se darán a conocer en la web del departamento de Educación del gobierno autonómico. Con la importante peculiaridad de que las mediciones deberá realizarlas un organismo especializado e independiente que deberá atender además las recomendaciones de las instituciones internacionales en un claro guiño a la reciente petición del Parlamento Europeo de alertar sobre la cada vez mayor contaminación electromagnética.

Bueno, pues lo más lamentable y vergonzoso es que la justificación para utilizar sistemas inalámbricos en los colegios con motivo del Plan Escuela 2.0 en lugar de cablear para evitar la radiación es ¡puramente económico! Por una parte, cablear las escuelas cuesta más dinero que poner emisores de microondas. Y por otra, hay todo un sector de empresas instaladoras que han apostado fuerte porque se digitalicen las aulas. Además asegura el servicio de mantenimiento porque el WiFi da problemas de funcionamiento e interferencias que el cable no tiene. Sin olvidar que ganan también los fabricantes y distribuidores de portátiles, programas informáticos y de servicios, empresas de telefonía…

Y por si todo esto fuera poco ha molestado a mucha gente que el plan sea más propagandístico que real porque la mayoría de los alumnos no ha recibido el portátil prometido por Rodríguez Zapatero. Aunque por eso no deberían preocuparse ya que el Ministro de Industria Miguel Sebastián -el mismo que regaló bombillas radiactivas y repletas de mercurio tóxico a cientos de miles de españoles con la socorrida excusa de que se ahorra electricidad con ellas no permitirá que el negocio decaiga. Hay 1.300 instaladores en la Federación de Instaladores de Telecomunicaciones (FENITEL) -lobby de la patronal del sector-, operadores y demás actores “interesados en el proyecto” dispuestos a recordarle que quieren comerse el pastel del Plan Escuela 2.0, puro negocio disfrazado de altruismo y modernidad al que se destinaron nada menos que 200 millones de euros. Y es que no puede obviarse que Sebastián tiene unas excelentes relaciones con el lobby de las telecomunicaciones.

Hasta el diario El País se ha atrevido a explicar ya parcialmente la verdad de todo esto con motivo de la instalación de antenas de telefonía: “El Gobierno quiere convencer a los ayuntamientos de que poner antenas de móvil es saludable. Y para acabar con las reticencias que tienen las corporaciones locales a dar permiso para la instalación de antenas prepara un plan de incentivos económicos para los ayuntamientos que más colaboren en ampliar la cobertura del móvil dentro de sus municipios”. Esto ocurría en septiembre de 2008 de modo que los consistorios que ofrezcan más licencias a las compañías de telecomunicaciones inalámbricas para que ubiquen en su territorio nuevas antenas tendrán más dinero público para, a su vez, desarrollar las tecnologías de la información.

Mientras en España nuestras autoridades y los responsables de la industria de la telefonía siguen empeñados en asegurar que no hay problemas de salud en el uso de los móviles el Gobierno francés está preparando una nueva ley que convertirá en ilegal la publicidad de móviles que se dirija a niños de menos de 12 años. Así lo anunció el Ministro de Medio Ambiente galo quien asimismo contempla ilegalizar la venta de teléfonos móviles expresamente diseñados para niños de seis años o menos. Es más, quiere obligar a que todos los teléfonos móviles se vendan acompañados de auriculares de manos libres para alejar la radiación del cerebro de los ciudadanos. En Finlandia y Reino Unido, por su parte, se han emitido recomendaciones oficiales para que los niños no usen estos aparatos.

¿Y en España? Porque que una empresa como Movistar utilice el “todo vale” como modus vivendi no nos extraña pero que llegara a comercializar un teléfono móvil específico para niños -el modelo MO1- de Imaginarium es el colmo. ¿O no? Hablamos de un móvil diseñado para niños ¡a partir de seis años! con botones directos en los que aparecía papá y mamá. Y es que la crueldad en los negocios no tiene límites. Olga López, responsable de marketing de Imaginarium, se limitaría en su momento a manifestar que “todos los artículos que comercializamos cumplen los más estrictos controles de calidad”. Y desde luego tenía “razón”: sus móviles se vendían porque la ley lo permitía ya que quienes tienen la responsabilidad de proteger a nuestros hijos han optado por proteger los intereses de la industria de la telefonía. Afortunadamente esos móviles terminarían retirándose del mercado ante las críticas suscitadas. Así que hoy corresponde a los padres organizarse para impedir que en los colegios de sus hijos haya WiFi y que además usen móviles indiscriminadamente. Quienes no lo hagan saben ya a lo que se exponen.