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La asamblea parlamentaria del Consejo de Europa (el poder de la Asamblea se extiende solo a la capacidad de investigar, recomendar y aconsejar) acaba de aprobar una resolución en la que pide a sus 47 estados miembros que tomen “todas las medidas razonables” para evitar la exposición de la población, especialmente los niños, a los campos electromagnéticos como los móviles y las redes wi-fi o los teléfonos inalámbricos.

“El riesgo de tumores en la cabeza parece más elevado” para los niños, subrayó la comisión permanente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), reunida en Kiev (Ucrania), en un comunicado divulgado desde su sede central en Estrasburgo (Francia).

En consecuencia, el uso de móviles por los alumnos en el recinto escolar debe ser reglamentado “de manera estricta”.

Asimismo, se debe dar preferencia para el público infantil, también en las escuelas y en las clases, a sistemas de acceso a internet con conexión por hilo, resaltó el Consejo de Europa.

También se debería organizar campañas de información y sensibilización sobre los riesgos de efectos biológicos potencialmente nocivos a largo plazo para el medio ambiente y la salud humana, destinadas en especial “a niños, adolescentes y jóvenes en edad de procrear”, consideró.

La Asamblea pidió a los gobiernos que informen sobre los riesgos potenciales para la salud que suponen los teléfonos sin hilo de tipo DECT, los aparatos telefónicos para la vigilancia de bebés y otros equipos domésticos que emiten ondas pulsadas continuamente.

También recomendó “la utilización de teléfonos fijos con hilo en casa, o, en su defecto, de modelos que no emitan ondas pulsadas continuamente”, subrayó.

En su opinión, los gobiernos deberían, además, revisar “los fundamentos científicos” de las normas actuales de exposición a los campos electromagnéticos fijadas por la Comisión internacional para la protección contra los rayos no ionizantes, porque “presentan graves fragilidades”.

El principio a aplicar por los estados es el del nivel más débil posible dentro de lo razonable, precisó.

“El principio de precaución” debería aplicarse siempre cuando la evaluación científica no permita determinar el riesgo con suficiente certidumbre, añadió.

De ahí la importancia “crucial” de la independencia y de la credibilidad de las verificaciones científicas para obtener una evaluación transparente y objetiva de los efectos nocivos potenciales sobre el medio ambiente y la salud humana.