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La Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética denuncia ante los medios de comunicación el grave escándalo de salud pública que conlleva que el ministerio de industria tenga excesiva permisividad ante el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones. El caso de la cuarta generación 4G de telefonía móvil, es hoy por hoy la meta a cubrir.

Desde el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y la Agencia Europea de Medio Ambiente se ha informado a los 27 estados miembros de la Unión Europea la necesidad urgente de poner en marcha medidas preventivas para proteger a la población de este factor de riesgo. Esto se fundamenta en el Informe Bioiniciativa acerca de las pruebas científicas de los efectos sobre la salud por la exposición a radiaciones electromagnéticas, el documento más importante hecho hasta el momento según el Parlamento Europeo, basado en la revisión de más de 3800 trabajos científicos, el cual afirma que no se puede contar con ninguna seguridad respecto a la exposición crónica a radiaciones inalámbricas como las de la telefonía móvil, teléfonos inalámbricos y el wi-fi.

También advierte que hay que rebajar mucho los límites de radiación actuales, los cuales no protegen a la población por ser obsoletos y estar erróneamente fundamentados. Además, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer organismo de máxima referencia internacional dependiente de la OMS, ha clasificado las radiofrecuencias como posibles carcinogénicas.

El enorme costo para la sociedad y el impacto en el sufrimiento humano que supone no tratar este problema exigen la intervención de los organismos públicos encargados de la protección de la salud pública, que deben de actuar sobre la base de las pruebas disponibles, tal y como apunta el Informe Bioiniciativa.

Es hora de que, tal y como recomienda la Resolución 1815 del Consejo de Europa, los ministerios competentes hagan campañas informativas para alertar a la población de estos riesgos, respetándose el derecho de la población a ser informada de los mismos recogido en la Ley General de Salud Pública, y también de que se solucionen los conflictos de intereses, restableciendo la independencia de los científicos que valoran los riesgos, con el objetivo de que primen los derechos fundamentales de la población frente a los intereses económicos de la industria de las telecomunicaciones.