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En Álava, concretamente en el número 1 del paseo de Fray Francisco, hay una antena de telefonía. Esta antena no está instalada en un edificio cualquiera, sino en lo alto de un colegio. La antena lleva casi cuatro años en la azotea del colegio y además no cuenta con la licencia oportuna.

La antena ha recibido ya nueve multas por parte del ayuntamiento pero aun así seguimos luchando.

Todo empieza cuando Telefónica Móviles solicita instalas una antena en este edificio, pero el ayuntamiento niega el permiso porque la normativa admite que solo puede haber un mástil porta antenas y ya había uno de la compañía Retevisión Móvil. Pese a ello unas tres semanas después se percataron que la obra se estaba llevando a cabo.

Después de la instalación ilegal el ayuntamiento dicta la demolición de la obra ilegal y advierte a la compañía que se enfrentará a una multa de 600 euros.  A partir de ese momento se suceden un seguido de actuaciones repetitivas: orden de inspección municipal para verificar si se ha cumplido la demolición, comprobación de que no ha sido así y nueva multa de 600 euros. Así hasta hoy.

La antena, camuflada como tantas otras bajo la apariencia de una chimenea, se mantiene firme en el número 1 del Paseo de Fray Francisco. Camino de la décima Hay que consultar la normativa si se quiere entender algo. «A tenor de lo dispuesto en el artículo 224 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, la falta de ejecución de las órdenes de reposición de la realidad física alterada (…) dará lugar a la imposición de hasta diez multas coercitivas por plazos de un mes, así como al traslado de testimonio al Ministerio Fiscal si los hechos fueran constitutivos de delito de desobediencia», dicen todas las resoluciones municipales en las que se impone multa. Ya van por la novena sanción. Cuando llegue la décima, el Ayuntamiento estará facultado para demoler la antena por su cuenta y pasarle la factura a Telefónica. Cuando eso ocurra habrán pasado más de cuatro años, durante los cuales la empresa habrá estado utilizando esa instalación de forma ilegal a cambio de 6.000 euros en multas. Poco más de cien euros al mes.