Protegetedelmovil.com

Desde la Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electro Magnética, (PECCEM, más de 120 entidades y 12 coordinadoras en el territorio español), queremos denunciar ante la opinión pública la inacción del Ministerio de Sanidad frente a las reiteradas alertas lanzadas desde la Agencia Europea de Medio Ambiente, el Parlamento Europeo y la Resolución 1815 del Consejo de Europa. En las mismas se recomienda a los estados miembros desarrollar campañas informativas acerca de cómo minimizar los riesgos de estas nuevas tecnologías, reduciendo las exposiciones innecesarias a las radiaciones electromagnéticas con el fin de proteger a la población y a los sectores más vulnerables, entre los que se encuentran los niños. El objetivo no es otro que disminuir la carga de enfermedad y las tasas de muerte prematura asociadas a las mismas, datos que evidencia la revisión del 2012 del Informe Bioinitiative, documento de máxima referencia internacional de la comunidad científica independiente, apoyado por la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Nos preocupa gravemente el aumento exponencial de las fuentes de radiaciones electromagnéticas clasificadas por la OMS como posibles carcinogénicas, que los niños utilicen cada vez con mayor asiduidad y a edad más temprana productos con tecnología inalámbrica y que eventos como el World Mobile Congress contribuyan a seguir comercializando nuevos productos que no han seguido un protocolo de seguridad acorde con los daños para la salud asociados a su uso, hecho totalmente inaceptable, pues la carga de la prueba que demuestre la inocuidad de estos productos debe recaer sobre la industria. No queremos seguir pagando con nuestra salud, como ha sucedido con el plomo, el asbesto o el DDT. Las compañías tienen que demostrar más allá de toda duda que su tecnología es inocua para las personas, algo que se está incumpliendo actualmente.
Es por ello que exigimos que se cumpla el principio de precaución recogido en nuestra Ley General de Salud Pública y que ha de ser aplicado en los casos en que los datos científicos son no concluyentes o inciertos, y más cuando una evaluación objetiva preliminar permite sospechar que existen motivos más que razonables para temer efectos potencialmente peligrosos para la salud humana, como afirma una sentencia del Tribunal Supremo de Murcia. En caso contrario, se podría estar cometiendo un delito a gran escala contra la salud pública, posibilidad que deberían valorar las autoridades judiciales competentes.
El World Mobile Congress nos muestra una poderosa industria con la capacidad de influir en la toma de decisiones políticas a través del trabajo de sus lobbies, una industria que financia estudios científicos acerca de los riesgos de la tecnología que produce, una “industria generadora de duda”, pues estos estudios, dado el conflicto de intereses existente, no son imparciales, están enfocados a ocultar las verdaderas repercusiones e ignoran el riesgo sobre la salud. El Consejo de Europa, institución de máximo peso en materia de derechos humanos, en su Resolución 1815, subraya estos conflictos de interés, la necesidad urgente de que los científicos que participan en los organismos oficiales con la misión de evaluar los riesgos de los productos antes de su comercialización preserven una verdadera independencia y pide protección para estos científicos ante las presiones de la industria.
Exigimos a las autoridades competentes que realicen campañas informativas sobre el buen uso de la tecnología, como ya se está haciendo en otros países (Francia, Reino Unido, Alemania, Suecia…). Hasta entonces, como Plataforma Estatal, seguiremos difundiendo esta información de organismos e instituciones europeas, información que está siendo ignorada u ocultada a pesar de que nos representan democráticamente.