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Este proceso se llevara a cabo a través de la reestructuración de tres artículos del Plan General de Ordenación Urbana. El departamento de urbanismo del tiene previsto llevar a cabo el cambio de los epígrafes 297,296 y 397 del documento para incluir las estaciones base entre las infraestructuras que se pueden colocar en la azotea de los bloques, ya que el documento original les reservaba espacio solo en los edificios administrativos y de oficinas.

El gobierno intenta dar respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de junio, que dejó en situación ilegal todas les instalaciones al considerar que es necesario realizar una evaluación de impacto ambiental por las posibles radiaciones y el impacto que estas pueden tener en la salud de las personas. Apoyándose en este sentencia, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Valladolid anuló el pasado enero las licencias de obra y ambiental de la estación de telefonía móvil situada en la azotea del número 12 de plaza Ribera de Castilla, en el barrio de La Rondilla. Entonces, el consistorio anunció la clausura de esta instalación y denegó a Telefónica el permiso de inicio de actividad de obra en la misma plaza.

Los vecinos han organizado numerosas protestas contra las antenas

Ahora el Ayuntamiento ha solicitado apoyo a la Consejería de Fomento de la Junta; y esta resuelve que no es necesario el análisis de impacto que ordena el Supremo, en los informes se refleja que no debe existir riesgos para la salud humana o el medio ambiente siempre que las infraestructuras que se instalen cumplan los niveles de referencia previstos en el citado Real Decreto 1066/2001,28

El abogado de la Asociación Vallisoletana de Afectados por las Antenas de Telefonía(AVAATE), Enrique Ríos, calificó la actitud municipal y de la Consejería de Fomento como “una tomadura de pelo al Supremo”, en su opinión, dejó claro que las instalaciones pueden conllevar efectos perniciosos para la salud, lo que obliga a realizar un análisis. Así, anunció que recurrirá la orden de la Junta y presentará una denuncia ante la Fiscalía para que actúe por la vía penal contra quienes incumplan la sentencia del Supremo