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Hace unos años tuve la ocasión de tratar a una paciente que padecía lo que para el conjunto de mis compañeros se catalogó como trastorno psicosomático, demostrándose después que estábamos ante una enfermedad nueva para muchos de nosotros, la llamada Lipodistrofia Semicircular, una enfermedad hoy ya catalogada como enfermedad laboral en Europa, y provocada por la coexistencia de tres factores, a saber, una especial sensibilidad individual, un mobiliario metálico, y un ambiente electromagnético…

Hoy, 24 de junio, celebramos el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética, y por ello, al menos hoy, deberíamos hacer algunas reflexiones al respecto y apuntando a nuestra difícil convivencia con un medio ambiente preñado de antenas de telefonía móvil, de espacios wifi, del wimax del medio rural, de teléfonos inalámbricos, de microondas, de vitrocerámicas de inducción, etc… como elementos destacados, habitualmente usados, y peligrosos.

La población debe saber que aunque en nuestros orígenes el ser humano siempre vivió en un ambiente sometido a influencias eléctricas y magnéticas, aquellas eran de naturaleza terrestre y natural, pero nunca como las que ahora nos amenazan, resultantes de la acción y avance tecnológico humanos, y que suponen emisiones de ondas con potencias, frecuencias, y tiempos de exposición muy superiores, mal tolerados y, lo que es más grave según muchos expertos, conteniendo un alto riesgo de impacto negativo para la salud de las personas.

No vamos a caer en tediosas explicaciones sobre los herzios, microwatios, megahercios, ciclos, gigahercios, etc…pues esto lo dejamos para los técnicos y para quienes quieran ampliar esta información (http://www.peccem.org/), pero sí es necesario que la población conozca que existe un sinfín de estudios que relacionan la contaminación electromagnética con alteraciones del sueño, endocrinológicos (secreción de metionina y hormonas reproductoras), con la depresión, con alteraciones del sistema nervioso, con el alzheimer, con la aún desconocida fibromialgia, e incluso con la mayor incidencia de leucemia y otras formas de procesos cancerosos. Como muestra, baste recordar los episodios tristemente célebres de nuestro país en esta materia, como son los casos de cáncer del Colegio Quintana de Valladolid, o los fallecimientos de Majadahonda.

Es por estas experiencias, y por muchas más, que las autoridades sanitarias internacionales, la OMS y la UE entre ellas, han dispuesto recomendaciones que regulan y limitan estas emisiones, (Resolución 1815 Consejo de Europa 2011, Resolución de Salzburgo, Comité STOA, Informe BioIniative, Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, etc, ) y lo limitan tanto en potencia y número de antenas, como en cuanto a espacios protegidos de estas emisiones (los colegios, por ejemplo), y todo ello en base a los riesgos que estas emisiones suponen para la salud de las personas bajo un elemental «principio de precaución» que se acepta y defiende desde el punto de vista de la salud pública. Pues bien, la población española debe saber que esos límites están superados miles de veces por la muy permisiva legislación española, que parece exhibir así una dejación en su pretendida y obligada actuación protectora de la salud de sus ciudadanos. Pero no sólo es que en España se permitan potencias escandalosamente superiores al resto de Europa, desoyendo las recomendaciones mencionadas y los múltiples estudios realizados al respecto, sino que recientemente hemos aprobado dos disposiciones legales potencialmente dañinas para nuestra salud. Una es la nueva Ley de Telecomunicaciones, según la cual las empresas operadoras van a utilizar, como si fuese una expropiación forzosa, las azoteas y terrazas de las viviendas sin el consentimiento de los vecinos para instalar allí sus antenas, y siempre según intereses comerciales de estas multinacionales. La otra, es el decreto por el que se le permite a las compañías eléctricas la instalación de los nuevos contadores de consumo basados en tecnología Power Line Communication, instalación que será obligada en todo el territorio para 2018, y que conlleva la ampliación del espacio contaminado de ondas electromagnéticas en todos los edificios sin excepción y sin capacidad de resistencia por parte de sus vecinos.

Estas dos disposiciones son abusivas y dolosas hacia el espacio íntimo de las familias. Son especialmente despreciativas respecto del principio de precaución que sugieren las autoridades europeas, y se debería sugerir a la población a que busque información al respecto, y se organice colectivamente.

La asociación leonesa Alcoe (integrada en la estatal Peccem), está constituida por personas que no son cavernícolas que buscan el que la sociedad se retrotraiga a tiempos primitivos, ni tampoco renuncian a las ventajas de las nuevas tecnologías, sino que sólo pretenden que se permita profundizar en los estudios realizados, buscar las alternativas saludables ya existentes, atender adecuadamente a cuantos expertos afirman su potencial efecto contra la salud, y solicitar así el adaptar nuestra legislación a las recomendaciones internacionales para, mientras tanto, exigir y observar escrupulosamente el obligado «principio de precaución» recomendado por la comunidad científica nacional e internacional.

No se trata de ser alarmistas, pero si esto no se cumple y algún día no muy lejano se llega a comprobar fehacientemente que las ondas emitidas en nuestras ciudades y pueblos han resultado determinantes causales o coadyuvantes en la aparición de determinadas enfermedades (concretamente en niños y pacientes vulnerables), entonces se deberán buscar responsabilidades políticas y también penales, pues una vez probado el consciente y obstinado incumplimiento del principio de precaución ante los estudios realizados, podría incluso hablarse de alguna figura tipificada como «presumible» delito de salud pública por parte de los responsables de esta situación actual.