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El tribunal supremo acaba de publicar una sentencia en la que avala la ordenanza de telefonía aprobada hace unos años por el ayuntamiento de Alcoy, especialmente la norma que impide colocar antenas para móviles a menos de 100 metros de zonas sensibles, como colegios y centros sanitarios.

El litigio ha sido resuelto por la sección cuarta de la sala tercera del Supremo, a través de un tribunal del que ha sido ponente el magistrado Antonio Martí García, que ha rechazado un recurso interpuesto por Vodafone España. Esta empresa recurrió por la vía de lo contencioso-administrativo la ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Alcoy en 2002, obteniendo una sentencia parcialmente favorable por parte del TSJ en 2005. Sin embargo, la mercantil, disconforme con la limitación de distancia para las antenas y con la posibilidad de introducir medidas limitadoras por razones sanitarias, optó por plantear un recurso ante el Supremo, que ha sido desestimado, según el fallo publicado el pasado 6 de abril.

El ponente, tras analizar la legislación vigente y las sentencias precedentes, entiende que la ordenanza de Alcoy “tiende a garantizar la mejor organización territorial y la red de telefonía móvil a la oportuna protección de los intereses públicos ambientales, urbanísticos y culturales”. Por lo que respecta a la prohibición de instalar estaciones base de telefonía móvil a una distancia menor de 100 metros de “determinadas zonas sensibles“, como colegios o centros sanitarios, el tribunal entiende que esta medida pretende “minimizar el impacto de los niveles de emisión sobre las personas en dichos espacios”. Esta cuestión había suscitado polémica en su momento en Alcoy, e incluso obligó a cambiar de ubicación una antena colocada sobre un centro comercial.

El Supremo entiende también “el riesgo que la exposición prolongada a radiaciones electromagnéticas en especial las procedentes de las estaciones base de telefonía móvil pueda ocasionar a la salud ha producido una honda preocupación en la sociedad”, lo que derivó en la aprobación de una normativa nacional. Por ello entiende “lógico” que los ayuntamientos arbitren medidas de protección.