Protegetedelmovil.com

La Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética, PECEEM, integrada por asociaciones de afectados por la contaminación electromagnética, Ecologistas en Acción, Confederaciones de Vecinos y organizaciones sociales lamentan que el proyecto de Ley de Telecomunicaciones haya pasado su trámite en el Congreso de los Diputados sin atender las demandas y propuestas que estas organizaciones presentaron a los grupos políticos fundamentadas en la Resolución 1815.
La Asamblea Parlamentaria propone 23 recomendaciones a los Estados miembros del consejo de Europa, de las que se destacan:
* Adoptar todas las medidas razonables para reducir la exposición a los campos electromagnéticos, especialmente a las radiofrecuencias emitidas por los teléfonos móviles, y en especial la exposición de los/as niño/as y jóvenes que al parecer corren el mayor riesgo de tumores de la cabeza.
*Reconsiderar la base científica actual.
* Prestar especial atención a las personas «electrosensibles» afectadas por un síndrome de intolerancia a los campos electromagnéticos.
* Dar preferencia para los/as niños/as en general, y en especial en los centros de enseñanza y en las aulas, a las conexiones a Internet por cable, y regular estrictamente el uso de teléfonos móviles por parte de los/as niños/as en el recinto escolar.
Los ciudadanos organizados nos sentimos desconcertados ante las incongruencias y la falta de sintonía entre las diferentes instituciones que elegimos y nos representan y sobre todo por la inconcebible falta de atención del Parlamento español ante las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria de Europa.
Esta Ley permitirá un aumento de estaciones base y redes inalámbricas con el consiguiente aumento, también, de los niveles de exposición de la población a las radiofrecuencias, que seguirán en aumento a medida que avanza la tecnología.
La no revisión, antes de la aplicación de esta Ley de Telecomunicaciones, del Real Decreto Ley 1066/2001 que establece las restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a las emisiones radioeléctricas y, como dice el Consejo de Europa, “esperar a que haya niveles altos de prueba científica y clínica antes de tomar medidas para prevenir riesgos bien conocidos puede llevarnos a costes económicos y sanitarios muy elevados, como fue el caso del amianto, la gasolina con plomo y el tabaco.”
Suprimir las licencias urbanísticas y medioambientales para el despliegue de las redes sustituyéndolo por una simple declaración de responsabilidad representa un grave recorte de las competencias municipales y autonómicas en materia de medio ambiente, salud pública, seguridad pública y ordenación urbana, olvidando los derechos de los ciudadanos a vivir en un medio ambiente saludable y a preservar el derecho a la salud.
Pedimos a nuestros representantes que atiendan a las demandas y preocupaciones de los/-as ciudadanos/—as y que pongan por delante de los intereses particulares y lucrativos de las grandes corporaciones el derecho básico a la salud de la población introduciendo en el trámite del Senado de esta Ley las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.