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La comunidad educativa del instituto Lamas de Abade espera  con paciencia la retirada de las antenas de telefonía móvil que están situadas en una gran torreta junto a la puerta principal de acceso al centro educativo. En diciembre del 2011, se dictó la primera orden de retirada sin que la  propietaria de la instalación  se inmutara lo más mínimo. Entonces presentó una alegación, que no fue atendida. El expediente sancionador se concluyó determinando que la estación base de telefonía móvil no solo era ilegal, sino que tampoco es legalizable y, por tanto, la única opción posible es el desmantelamiento de toda la estructura y el cese de la actividad.

La estación base de Lamas de Abade, situada a poco metros del patio del centro, generó desde su puesta en marcha un gran malestar en la comunidad educativa del centro, que solicitó la retirada inmediatamente.

La aparición de varios casos de cáncer entre los profesores del instituto alimentó aún más el temor a las consecuencias de las emisiones de las ondas electromagnéticas emitidas por las antenas de telefonía móvil. Unas consecuencias para la salud en las que hay voces discordantes dentro de la comunidad médica. Por otro lado, en el caso de la estación base de Lamas de Abade es la normativa urbanística municipal la que viene a impedir su legalización al estar instalada en un terreno sin la clasificación adecuada para este tipo de estructuras.

Ahora, después de que se agotara la vía de las sanciones coercitivas, la responsable del departamento de Urbanismo, María Pardo, encargó a los técnicos de Disciplina Urbanística la elaboración del proyecto que permitirá desmontar definitivamente una instalación formada por unos diez paneles y varios repetidores colgados en una torreta de gran altura.

La retirada es cuestión de poco tiempo  pero, el Ayuntamiento adelanta el coste de la retirada con la condición que  después le pasa la factura a la empresa.

La primera de las sanciones impuesta a France Telecom fue de 2.500 euros, en marzo del 2012, después de que la empresa desatendiera la orden dictada en diciembre del 2011 para retirar la estación base. En mayo del 2012 varios operarios realizaron trabajos en la instalación e hicieron pensar que la empresa había iniciado la retirada, pero en realidad solo llevaba a cabo labores de mantenimiento.

La segunda sanción llegó en junio del 2012 y se elevó la multa a 5.000 euros. Tampoco hubo movimientos. En mayo del 2013 se impuso una tercera sanción, nuevamente de 5.000 euros. La cuarta y última sanción, de 3.000 euros, se comunicó en octubre del 2013. Ninguna surtió el efecto deseado y la instalación no solo siguió en su sitio, sino que mantuvo su uso.